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CATALÁ SE REÚNE CON LAS AUTORIDADES RUMANAS PARA CONTINUAR CON LA COOPERACIÓN JURÍDICA

El ministro de Justicia español se ha reunido con su homóloga rumana y con la fiscal jefe Anticorrupción, entre otros.

Rafael Catalá ha mantenido en los últimos dos días varios encuentros con diferentes autoridades rumanas en el marco del viaje de trabajo que ha realizado a ese país. Ambos socios europeos han dejado patente así las intensas relaciones bilaterales y de cooperación jurídica existentes fruto de la importante presencia de residentes rumanos en España, según ha informado el Ministerio de Justicia.

Durante este miércoles, el ministro de Justicia español ha mantenido una reunión con su homóloga rumana, Raluca Pruna, con quien ha acordado intensificar la cooperación judicial bilateral. La titular de Justicia rumana ha mostrado un especial interés por el Estatuto de la Víctima del Delito aprobado en nuestro país a finales del pasado año. Ambos han repasado el resto de reformas legislativas adoptadas por el Gobierno español durante la anterior legislatura y han analizado los respectivos modelos de planta judicial y de sistemas de selección y de preservación de la independencia de jueces y magistrados.

Catalá y Pruna han destacado entre sus mayores preocupaciones la necesidad de agilizar el traslado de condenados para que puedan cumplir las penas en sus países de origen e igualmente han debatido la delicada problemática derivada de la sustracción parental de menores, hijos de parejas mixtas hispano-rumanas. Asimismo, en este encuentro se ha analizado la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, la utilización de las nuevas tecnologías y los esfuerzos para conseguir una Justicia más próxima al ciudadano.

El ministro de Justicia español se ha reunido también con la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía, Laura Kövesi. Esta Fiscalía se creó basándose en el modelo español y a través de un proyecto de hermanamiento dirigido por la Fiscalía General del Estado de nuestro país. Kövesi se ha interesado por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que comenzó a funcionar en nuestro país en octubre del año pasado y cuyo plan de actuación se habrá extendido por todo el territorio nacional a principios del próximo ejercicio. Catalá ha visitado el Palacio del Parlamento, en donde ha mantenido un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Valeriu Zgonea, quien le ha trasladado la actividad legislativa en materia de Justicia que desarrolla en la actualidad el Parlamento rumano.

Fuente: elderecho.com
http://www.elderecho.com/actualidad/Catala-autoridades-Rumania-cooperacion-juridica_0_943500026.html
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9 DE MAYO, DÍA DE EUROPA

Con una UE en crisis, con 25 millones de personas sin trabajo y 80 millones de pobres, la xenofobia y el racismo están en aumento

Qué ilusión, cuántas esperanzas pusimos en la incorporación de España a las entonces Comunidades Europeas allá por 1986. Ahora, qué frustración siento, por los rumbos que han tomado las políticas de la Unión Europea. Pese a todo, para España y la ciudadanía en general, en los primeros años supuso progreso y modernidad, que redundaron en el bienestar de la sociedad española en su conjunto, pero como en otras tantas cosas, llegábamos tarde.

Europa se presentaba como un marco natural de desarrollo político y económico y una referencia para profundizar en la democracia incipiente, para responder a los retos y necesidades del nuevo siglo que se avecinaba, por la defensa de los Derechos Humanos, el respeto a la Tierra y a la dignidad de las personas por encima de intereses políticos y económicos. Pero no han soplado los vientos hacia esas latitudes.

En la Cumbre de Milán de 1985 los Jefes de Estado y de gobierno decidieron celebrar el 9 de mayo como el Día de Europa. “La paz mundial sólo puede salvaguardarse mediante esfuerzos creadores proporcionados a los peligros que la amenazan”, decía Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores, el 9 de mayo de 1950, en la llamada “declaración de Schuman”. Se establecían los cimientos de una federación europea indispensable para el mantenimiento de la paz. Una institución europea supranacional, se encargaría de administrar las materias primas –el carbón y el acero–, que en aquella época eran la base de toda potencia militar y “columna vertebral de la guerra”. Europa acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, aquel espantoso conflicto bélico, que había dejado tras de sí ruinas humanas, materiales y morales.

Todas las fuerzas bajo el mando alemán, recibieron la orden de cesar las operaciones activas a las 23:01 horas –hora de Europa Central–, el 8 de mayo de 1945. El Jefe del Estado Mayor del Alto Mando de las fuerzas armadas alemanas, el general Alfred Jodl, firmaba el acta de rendición incondicional, que ponía fin a la Guerra y al predominio del nazismo en Europa. Quedaba odio y rencor. Tendrían que pasar setenta años para ver como esa ideología criminal vuelve a tomar auge en la Europa unida.

Naciones Unidas declaró que los días 8 y 9 de mayo, son una ocasión propicia para el recuerdo y la reconciliación y rendir homenaje a todas las víctimas de la Guerra Mundial, exhortando a los Estados Miembros a hacer todo lo posible para resolver las controversias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y sin poner en peligro la paz y la seguridad mundial. Todo fue en vano. Se desató la guerra fría y los conflictos entre naciones siguieron resolviéndose por medios violentos; y las guerras son tan cotidianas, que poco sorprenden y pocas conciencias agitan.

En 1950, cinco años después de finalizar la Guerra Mundial, las naciones europeas todavía luchaban para superar sus estragos. España estaba gobernada por el fascismo ganador de la guerra del 36, por lo que los estragos siguieron hasta pasados algunos años después de la muerte del dictador. Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que, poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría “no sólo impensable, sino materialmente imposible”. La fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa unida. A España, por su régimen fascista, no se le admitió formar parte de los conciertos europeos y el Estado de Bienestar no llegó a tiempo. Cuando pudimos intuirlo, las políticas neoliberales europeas lo escamotearon.

A Europa “le sangran las fronteras y le brotan las alambradas“. La Unión Europea es responsable de muchos de los males y calamidades que sufren los refugiados levantando muros, instalando centros de internamiento masivo y recortando derechos y libertades a nativos y migrantes. Ante la reubicación de los refugiados, todo han sido excusas, parches y dilaciones. La catástrofe humanitaria que actualmente está destruyendo Siria y otros países, exigen políticas solidarias y esfuerzos de la comunidad internacional, para proteger a los civiles contra los bombardeos aéreos indiscriminados. La ONU tiene que actuar, como la UE adoptar medidas que permitan acoger a los refugiados y no dejarlos al pairo en manos de la Turquía de Erdoğan que no respeta los derechos humanos, o pagando a gobiernos represivos como en el caso de Eritrea. Un 9 de mayo como el de hoy, es un buen día, como cualquier otro, para que la gente de bien del mundo, se levante para condenar cualquier tipo de violencia y contra las guerras.

El mayor drama humanitario al que se enfrenta Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, es un asunto tan complejo y de difícil gestión que no se puede abordar ni con demagogia ni con soluciones milagrosas inexistentes. Levantando muros se reavivan antiguos fantasmas que hoy de nuevo recorren Europa. Los mismos fantasmas contra los que se construyó el sueño europeo hace sesenta y seis años. El acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho con Turquía es la concreción del retroceso de aquel objetivo de libertades y solidaridad que se puso en marcha en 1950.

La derrota del nazismo y fascismos en Europa al finalizar la guerra mundial, llevó a pensar que estos fantasmas no volverían a cruzar su geografía, pero la realidad es otra. La ideología fascista es odio, irracionalismo y racismo extremo y su práctica política fuerza de choque contra la razón y la democracia. El fascismo ahora es más europeísta que nacionalista por su conveniencia, manteniendo la política de los puños de siempre, ahora culpando a las personas inmigrantes de todos los males sociales. El fascismo vuelve a presentarse como alternativa de una burguesía asustada ante la crisis económica y sus consecuencias políticas. Critican la austeridad, la corrupción política y la existencia de partidos políticos. Discurso de fácil acogida por quienes culpan de sus males a la democracia, que en definitiva es lo que pretenden eliminar.

España ha desarrollado un papel activo en la construcción del proyecto europeo implicándose en la negociación de los tratados de Amsterdam (1997), Niza (2001), el fallido Tratado Constitucional (2004) y el de Lisboa (2009). Ha contribuido al desarrollo de políticas en ámbitos como ciudadanía, política de cohesión, diversidad cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha contra el terrorismo, así como llevando su impronta a las relaciones exteriores, especialmente hacia Latinoamérica y la ribera sur del Mediterráneo. El compromiso de España con el proceso de construcción europea ha sido siempre muy intenso, al suponer Europa una referencia de libertades y prosperidad para España. Las políticas han cambiado; si nunca estuvo claro lo de la Europa de los derechos y la ciudadanía, con las Ángelas, Rajoys y Cañetes europeos, Europa sigue siendo de los mercaderes, que apoyan la evasión y los paraísos fiscales.

Con una UE en crisis, con 25 millones de personas sin trabajo y 80 millones de pobres, la xenofobia y el racismo están en aumento. Hay que construir de manera efectiva la Europa de la ciudadanía “basada en la armonización hacia arriba y no hacia abajo, como la única manera de oponerse a las reacciones xenófobas y al nacionalismo que amenazan a Europa” (Sami Naïr). El Parlamento Europeo tiene la tarea de controlar al gobierno de Europa, combatiendo la crisis económica con medidas sociales. El gran reto es encontrar un modelo que permita solventar los problemas económicos, presupuestarios y fiscales, abandonando las políticas de austeridad, devolviendo la confianza a los ciudadanos. Contra los fantasmas del pasado, hay que retornar a la Europa social, la de la libertad y de la democracia, la de los derechos y el bienestar.

La UE lleva a cabo una política que poco o nada se parece a los sueños que tuvieron los fundadores de la idea y es necesario un cambio. Los mitos de la vieja Europa, ya no sirven, es necesario un nuevo impulso que de la voz a la ciudadanía contra el aparato burocrático y neoliberal que copa las instituciones. Hoy la UE acoge paraísos fiscales, auspicia golpes de Estado financieros contra sus propios Estados miembros (Grecia) y negocia a puerta cerrada tratados de libre comercio con EEUU, como el TTIP. La UE reduce derechos laborales y políticas sociales, para competir a la baja en un mercado globalizado, mientras recrudece su agresiva política comercial exterior. Poniendo como excusa la seguridad y la lucha contra el terrorismo, se recortan derechos y libertades, los que supuestamente los terroristas quieren destruir.

El fin de la Segunda Guerra Mundial y la declaración Schuman, pretendía la unión para no repetir la historia de exclusión y guerra. Se sumaron las naciones interesadas en perpetuar la paz en Europa, hasta llegar a los veintiocho Estados miembro actuales. La dimensión está perdida. Se aprobaron nuevas competencias y se abrieron las fronteras interiores para mercancías, servicios, personas y capitales. Por la defensa de los Derechos Humanos, el respeto a la Tierra y a la dignidad de las personas por encima de intereses políticos y económicos, llamamiento que se hace desde “Un Plan B para Europa”, para construir un espacio de convergencia europeo contra la austeridad y para la construcción de una verdadera democracia.

Cuando la austeridad se convierte en la única opción político-económica de unas instituciones alejadas de los intereses de la ciudadanía, la UE se vuelve un problema para las mayorías sociales, por lo que construir una Europa diferente se vuelve urgente. Fue un proyecto levantado sobre sólidos principios de democracia, solidaridad y defensa de los Derechos Humanos. Todo hay que recuperarlo.

PRESTACIONES-SEGURIDAD-SOCIAL

ESPAÑA – LA COBERTURA PREVIA EN OTRO PAÍS TAMBIÉN CUENTA

Los reglamentos comunitarios en materia de Seguridad Social coordinan las legislaciones de los Estados miembros de la UE, del EEE y Suiza. Incluyen una serie de principios generales que garantizan la protección de los trabajadores y de sus familiares que se desplazan de un Estado miembro a otro.

Si va a trabajar en un país de la Unión Europea (UE) o en otro país cubierto por la normativa comunitaria, por lo general, dejará de formar parte del sistema de protección social español y pasará a estar protegido por las leyes del sistema de protección social del país donde resida.

Si ha vivido, trabajado o cotizado a la seguridad social de otro país de la UE u otro país cubierto por la normativa comunitaria, el tiempo que ha vivido y trabajado allí, o las cotizaciones que ha abonado mientras vivía en ese país, se tendrán en cuenta de cara a su acceso a prestaciones cuando regrese a España.

¿Qué prestaciones puede solicitar?

Los reglamentos comunitarios garantizan que conserva su derecho a ciertas prestaciones sociales aunque se desplace por varios países. Por tanto, debe tener en cuenta y comunicar sus periodos de residencia y cotización en cualquier país (o países) de la UE, EEE o en Suiza cuando vaya a solicitar las siguientes ayudas en España:

Asistencia sanitaria.

Prestación por incapacidad temporal.

Prestación por incapacidad permanente.

Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Maternidad y paternidad.

Prestaciones familiares.

Prestaciones por desempleo.

Pensión de jubilación.

Prestaciones de supervivencia.

Subsidios de defunción.

Para determinar a qué prestaciones tiene derecho (contributivas o no) y su cuantía, se tienen en cuenta los períodos de empleo o residencia o las cotizaciones abonadas en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, en los países del EEE o en Suiza.

Podrá recibir las prestaciones económicas de tipo contributivo, las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y los subsidios por defunción, con independencia de dónde resida dentro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, o Suiza. Cada país le abonará sus propias prestaciones.

Si quiere recibir las prestaciones de tipo no contributivo incluidas en el Reglamento (CE) nº 883/2004 (Anexo X), solo podrá hacerlo en el país en el que resida y en función de su legislación.

¿Qué debe hacer?

Si ha estado trabajando en algún país cubierto por la normativa comunitaria y regresa a España, debe acudir a alguno de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) para solicitar la prestación o prestaciones que le correspondan.

Puede exportar prestaciones desde otro país tanto si es trabajador como pensionista, o superviviente de la persona que recibía la prestación.

Si ha estado recibiendo una prestación por desempleo en otro país de la UE, el EEE o en Suiza, también puede transferirla a España. Solo podrá exportarla durante un periodo de tres meses, ampliable a seis. Para ello, debes inscribirte en la oficina de empleo de su localidad en un plazo de siete días y solicitar la prestación presentando el formulario correspondiente.

Los CAISS y las oficinas de empleo le indicarán también qué documentación debe aportar. Por lo general, en ella deberá figurar el nombre del país en el que ha trabajado, el nombre y la dirección de la empresa que le contrató, la duración de su contrato en el exterior, y el número de su Seguridad Social en el exterior.

Glosario

EEE (Espacio Económico Europeo): Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Prestaciones de tipo contributivo: prestaciones que exigen unos requisitos mínimos de cotización, es decir, exigen haber abonado las cuotas de la Seguridad Social durante un determinado plazo de tiempo.

Prestaciones de tipo no contributivo: ayudas dirigidas a los ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia, aunque no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para acceder a las prestaciones de tipo contributivo.

Formularios que necesitará

Formulario A1: certificado que acredita que cotiza a la Seguridad Social en otro país de la UE.

Formulario S1: certificado de su derecho a prestaciones sanitarias si no vive en el país donde está asegurado.

Formulario S2: autorización para recibir tratamiento médico programado en otro país de la UE o el EEE o Suiza.

Formulario S3: certificado que acredita su derecho a prestaciones sanitarias en su anterior país de empleo si es trabajador fronterizo jubilado.

Formulario U1: declaración de periodos cotizados en el país en el que ha trabajado y que deberán contabilizarse para calcular la prestación por desempleo. Debe presentarlo al servicio nacional de empleo del país donde quiera recibir la prestación por desempleo.

Formulario U2: autorización para seguir percibiendo la prestación por desempleo mientras busca trabajo en otro país. Puede presentarlo al servicio nacional de empleo del país donde busca trabajo.

Formulario U3: circunstancias que pueden afectar a su derecho a la prestación por desempleo. Informa a los servicios de empleo del país que le paga las prestaciones de cambios en su situación que puede dar lugar a una revisión de la prestación.

Formulario DA1: le da derecho a recibir tratamiento médico cuando lo necesite como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en otro país de la UE.

Formulario P1: resumen de las decisiones sobre pensiones. Presenta las decisiones adoptadas en su caso por los distintos organismos de los países de la UE en los que haya solicitado una pensión de jubilación, supervivencia o invalidez.

Conozca sus derechos

Estos enlaces le llevan a conocer sus derechos en España:

Podrá saber más sobre la Ley General de la Seguridad Social en España en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Los Reglamentos Comunitarios (CE) nº 883/04 y nº 987/09 se aplican para la coordinación de los Sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros de la UE.

Close up of a petition for divorce with pen and calculator

Cuando un nacional extranjero se divorcia de un ciudadano de la unión ¿PUEDE MANTENER EL DERECHO DE RESIDENCIA?

La sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476), dictada el 16 de julio de 2015 por la Gran Sala, versa sobre las condiciones para mantener el derecho de residencia de los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en caso de divorcio

 

El litigio principal se refería a tres nacionales de terceros países que, a raíz de sus matrimonios con ciudadanas de la Unión que residían y trabajaban en Irlanda, habían adquirido el derecho de residencia en dicho Estado miembro, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38, como cónyuges que acompañan o que se reúnen con un ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida. Los matrimonios habían durado al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, pero, en todos los casos, las esposas habían abandonado finalmente el territorio irlandés antes de presentar demandas de divorcio. En este contexto, se preguntaba al Tribunal de Justicia si el derecho de residencia de los tres maridos extranjeros en Irlanda podía mantenerse sobre la base del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38.

 

El Tribunal de Justicia recordó, en primer lugar, que los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión sólo podrán invocar el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida en el que resida dicho ciudadano. Acto seguido, el Tribunal de Justicia consideró que, cuando el ciudadano de la Unión abandona el Estado miembro en el que reside su cónyuge nacional de un tercer país, para establecerse en otro Estado miembro o en un tercer país antes del procedimiento judicial de divorcio, ya no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38.

 

Así pues, el derecho de residencia derivado del que disfruta el nacional de un tercer país finaliza en el momento de la partida del ciudadano de la Unión antes del procedimiento de divorcio y, por tanto, no puede mantenerse sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva. Para que un nacional de un tercer país pueda mantener su derecho de residencia sobre la base de esta última disposición, su cónyuge ciudadano de la Unión debe haber residido en el Estado miembro de acogida, conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38, hasta la fecha del inicio del procedimiento judicial de divorcio. En el presente caso, puesto que las esposas ciudadanas de la Unión abandonaron el territorio irlandés antes de que se iniciaran los procedimientos de divorcio, sus maridos extranjeros perdieron su derecho de residencia.

No obstante, el Tribunal de Justicia recordó que, en tal caso, el Derecho nacional puede otorgar una protección más amplia a los nacionales de terceros países, permitiéndoles continuar residiendo en el Estado miembro de acogida.

 

Certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea_BARCELONA15

CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN

CIUDADANOS A LOS QUE LES ES DE APLICACIÓN

Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que vayan a residir en el territorio del Estado Español por un período superior a tres meses están obligados a solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

  • ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

NORMATIVA BÁSICA

  • Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
  • Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
  • Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2004, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

REQUISITOS

  • Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho de residencia en el territorio del Estado español por un periodo superior a tres meses si:
    • Es un trabajador por cuenta ajena en España, o
    • Es un trabajador por cuenta propia en España, o
    • Dispone para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia. También deberá aportar un seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura en España durante su período de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud.

La valoración de la suficiencia de medios económicos se efectuará de manera individualizada y, en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante. Se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del interesado.

  • O, ser estudiantey estar matriculado en un centro público o privado reconocido o financiado por la administración educativa para cursar estudios o formación profesional, así como contar con un seguro de enfermedad público o privado contratado en España u otro país que proporcione una cobertura completa en España y declaración responsable de que se posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia, para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia, o
  • Ser nacionalde un Estado miembro, familiar que acompaña o se reúne con un ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo, que cumple alguna de las condiciones anteriores. El familiar podrá ser:
    • En el supuesto de familiar de estudiante, su cónyuge o pareja de hecho inscrita o los hijos del estudiante y de su cónyuge o pareja a cargo.
    • En los demás supuestos, el cónyuge o pareja de hecho inscrita, sus descendientes directos y los de su cónyuge o pareja menores de 21 años o incapaces o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, y sus ascendientes directos o los de su cónyuge o de la pareja registrada que vivan a su cargo.

Se entenderá que están a cargo aquellos familiares cuyo sostén económico lo proporciona el ciudadano de la UE y necesitan ayuda material para cubrir sus necesidades básicas. Esta dependencia debe darse en el país de origen

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los originales en el momento de presentar la solicitud.

  • Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-18) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el ciudadano de la Unión. Dicho impreso se podrá obtener en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/.
  • Pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor. En el supuesto de que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.
  • Dependiendo del supuesto:
    • Si es trabajador por cuenta ajenapodrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:
      • Declaración de contratación del empleador o certificado de empleo, incluyendo, al menos, los datos del nombre y dirección de la empresa, identificación fiscal y código cuenta de cotización.
      • Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo, o la comunicación de la contratación y sus condiciones a través de la plataforma CONTRAT@.
      • Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.
    • Si es trabajador por cuenta propiapodrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:
      • Inscripción en el Censo de Actividades Económicas.
      • Justificación de su establecimiento mediante la Inscripción en el Registro Mercantil.
      • Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
    • Si no se ejerce actividad laboralen España se deberá aportar:
      • Documentación acreditativa de disponer de seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, siempre que proporcione una cobertura en España durante su periodo de residencia equivalente a la proporcionada por el sistema nacional de salud. Los pensionistas cumplen con esta condición aportando certificación de disponer de asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben pensión.
      • Documentación que acredite disponer de recursos suficientes para él y sus familiares para el periodo de residencia en España. Se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como títulos de propiedad, cheques certificados, documentación justificativa de obtención de rentas de capital o tarjetas de crédito con certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.
    • Si es estudiantese deberá aportar:
      • Matrícula del centro de enseñanza público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente.
      • Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público o privado. Podrá aportar tarjeta sanitaria europea con una validez que cubra el periodo de residencia y le habilite a recibir las prestaciones sanitarias necesarias desde un punto de vista médico, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista.
      • Declaración responsable de que posee recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia, para su periodo de residencia en España.

Se considerará suficiente para el cumplimiento de estos requisitos la presentación de documentación acreditativa de participar en un programa de la Unión Europea que favorezca el intercambio educativo para estudiantes y profesores.

  • Si es familiar de ciudadano de la Unión se deberá aportar:
    • Documentación acreditativa, en su caso, legalizada del vínculo familiar con el ciudadano de la Unión.
    • Documentación acreditativa de la dependencia económica.
    • Documentación que acredite que el familiar que le da el derecho es o trabajador por cuenta ajena o propia, o que tiene medios de vida suficientes y seguro de enfermedad, o que es estudiante, tiene medios suficientes para sí y para los miembros de su familia y seguro de enfermedad.

Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud.

Cuando se trate de formularios estándares de la Unión Europea no será necesaria ni su traducción, ni su legalización de conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria que los ampara. Por ejemplo: modelos de asistencia sanitaria S1, E109, E 121…

Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional. Para obtener más información sobre la traducción y legalización de los documentos se podrá consultar la hoja informativa correspondiente

PROCEDIMIENTO

  • Sujeto legitimado para presentar la solicitud: el ciudadano de la Unión o de otro Estado parte, personalmente.
  • Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la provincia donde pretenda residir o en la Comisaría de Policía correspondiente. Para obtener información de la dirección, teléfonos y horarios de atención al público de la Oficina de Extranjería se podrá consultar la página:http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html.
  • Plazo de presentación: tres meses contados desde la fecha de entrada en España.
  • Tasa: su importe es de 10,60 euros, y deberá ser abonada con anterioridad a la expedición del certificado de registro.
  • Expedición del certificado de registro: una vez abonada la tasa, previa constatación de los requisitos, se expedirá inmediatamente al ciudadano de la Unión un certificado de registro en el que constará el nombre, nacionalidad, domicilio, número de identidad de extranjero y fecha de registro.

Hands hug the family (concept)

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL A LOS NACIONALES DE OTROS ESTADOS MIEMBROS EN BUSCA DE EMPLEO

En la sentencia Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597), de 15 de septiembre de 2015, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, estableció que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa de un Estado miembro que excluye de la percepción de determinadas «prestaciones especiales en metálico no contributivas», y que constituyen asimismo una «prestación de asistencia social», a los nacionales de otros Estados miembros en busca de empleo transcurridos seis meses desde que terminó su último empleo, aun cuando dichas prestaciones se garantizan a los nacionales de dicho Estado miembro que se encuentran en la misma situación. En el asunto principal se cuestionaba la negativa de las autoridades alemanas a conceder a los miembros de una familia de nacionales suecos, algunos de los cuales habían trabajado durante unos once meses en Alemania, por un lado, las prestaciones de subsistencia para desempleados de larga duración y, por otro, los subsidios sociales para los beneficiarios no aptos para trabajar.

Previamente, el Tribunal de Justicia señaló que las prestaciones discutidas en el litigio principal son prestaciones especiales en metálico no contributivas, en el sentido del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 883/2004, y prestaciones de asistencia social en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, toda vez que su función preponderante es garantizar los medios de subsistencia mínimos necesarios para llevar una vida acorde con la dignidad humana.

Por lo que respecta a la concesión de dichas prestaciones, el Tribunal de Justicia, haciendo referencia a la sentencia Dano, recordó, en primer lugar, que un ciudadano de la Unión sólo puede reclamar la igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado miembro de acogida si su estancia en el territorio de dicho Estado cumple los requisitos de la Directiva 2004/38. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia precisó que, para determinar si unas prestaciones de asistencia social pueden ser denegadas sobre la base de la excepción del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, es preciso comprobar si es posible aplicar el principio de igualdad de trato enunciado en el artículo 24, apartado 1, entre los ciudadanos de la Unión, que gozan del derecho de residencia en el territorio del Estado miembro de acogida en virtud de dicha Directiva, y los nacionales de ese Estado miembro. Así pues, es necesario comprobar la legalidad de la estancia del ciudadano de la Unión interesado en el territorio del Estado miembro de acogida. En el caso de autos, dos disposiciones de la Directiva 2004/38 podían conferir a los demandantes en el litigio principal el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, a saber, el artículo 7, apartado 3, letra c), que establece la posibilidad de mantener la condición de trabajador durante un período que no podrá ser inferior a seis meses para el ciudadano que se haya quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada y que se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo, y el artículo 14, apartado 4, letra b), que dispone que un ciudadano de la Unión que entre en el territorio del Estado miembro de acogida para buscar trabajo no podrá ser expulsado de dicho Estado miembro mientras pueda demostrar que sigue buscando empleo y que tiene posibilidades reales de ser contratado.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló que dichos demandantes no tenían ya la condición prevista en el artículo 7 de la Directiva 2004/38 cuando se les denegaron las prestaciones discutidas y que, aun cuando pudieran invocar un derecho de residencia basado en dicho artículo 14, apartado 4, letra b), de la citada Directiva, el Estado miembro de acogida podía invocar la excepción del artículo 24, apartado 2, de esa Directiva, según la cual dicho Estado miembro no está obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social durante los primeros tres meses de residencia o, si procede, el período más largo establecido en el artículo 14, apartado 4, letra b).

Por otra parte, el Tribunal de Justicia precisó que, si bien la Directiva 2004/38 exige que el Estado miembro considere la situación particular de la persona interesada cuando se disponga a adoptar una medida de expulsión o a declarar que dicha persona genera una carga excesiva para la asistencia social a lo largo de su residencia, tal examen individual no es exigible, sin embargo, en un supuesto como el del asunto principal, dado que la propia Directiva 2004/38, al establecer un sistema gradual de mantenimiento de la condición de trabajador que pretende asegurar el derecho de residencia y el acceso a las prestaciones sociales, toma en consideración los diferentes factores que caracterizan la situación particular de cada solicitante de una prestación social y, en especial, la duración del ejercicio de una actividad económica.

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LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EUROPEO NO INTRODUCEN ASIGNACIONES ADICIONALES DE MIGRANTES PARA RUMANÍA

El Presidente Klaus Johannis dijo el viernes que las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo no introducían asignaciones adicionales de migrantes a Rumania.

«Las decisiones de hoy no introducen nuevas cuotas, no introducen provisiones adicionales para Rumanía. Esta reubicación desde Turquía a la UE se desarrolla bajo las cuotas que ya se aprobaron el año pasado,» dijo Johannis, después del Consejo Europeo de Bruselas.

Dijo que las principales discusiones se centraron en la relación de cooperación de la UE con Turquía en la gestión de la migración.

«Es particularmente importante que hemos conseguido llegar a un acuerdo sobre las propuestas adicionales de cooperación propuesto por la parte turca en la cumbre UE-Turquía el 7 de marzo. Estuvimos de acuerdo con una declaración UE-Turquía que comprende compromisos mutuos sobre la gestión de la migración. Estamos contentos con dicho acuerdo y espero que esto reduzca significativamente o incluso detenga el flujo de inmigrantes ilegales que llegan a la UE de Turquía», dijo Iohannis.

Ha indicado que a través de este acuerdo se reforzará la protección de las fronteras exteriores de la UE, señalando que dentro de la reunión se ha apoyado la necesidad de un enfoque global y coherente de la Unión en los retos de gestión que plantea la migración y llegar a un acuerdo sobre las propuestas presentadas por Turquía siempre que las medidas acordadas sean totalmente compatible con la legislación europea e internacional.

El jefe del estado dijo que se acordó devolver a Turquía los nuevos inmigrantes ilegales que llegaban a las islas griegas, haciendo hincapié en que el retorno sólo podía tener lugar en el marco jurídico europeo e internacional, los casos de retorno analizándose individualmente.

«No puede haber expulsiones colectivas», destacó Iohannis.

El Presidente explicó que este mecanismo era uno excepcional y temporal.

«En cuanto al mecanismo así llamado 1-1, respectivamente para cada sirio migrante que llegó ilegalmente a las islas griegas y fue devuelto a Turquía, la UE aceptará un migrante Siria desde Turquía, pero este migrante de Turquía será trasladado desde fuera de la UE a un país de la UE, pero dentro de los esquemas  existentes», dijo Iohannis.

Según el jefe de Estado, una vez detenida la ola de inmigrantes, se activará el sistema de aceptación voluntaria humanitaria a los cuales los Estados miembros pueden contribuir.

«He reiterado la posición de Rumanía en relación con el carácter voluntario de cualquier compromiso de trasladar fuera de la UE al interior de la Unión. Rumania considera importante la asociación de la UE con Turquía en la gestión de la crisis de la migración y, en este contexto, hemos apoyado la necesidad de desarrollar rápida y eficazmente a la Acción Común de la UE-Turquía por ambas partes», dijo el presidente.

Iohannis dijo que la UE se ha comprometido acelerar el uso de 3 mil millones de euro para ayudar a los refugiados de Turquía, y únicamente después de utilizar estos fondos plenamente se va a disponer de fondos adicionales para esta facilidad hasta 3 millones de euros a finales de 2018.

También dijo que Turquía se ha comprometido a tomar todas las medidas necesarias para evitar la creación de nuevas rutas de migración ilegal hacia Europa.

«Hicimos hincapié en la necesidad de vigilar atentamente las posibles rutas alternativas de migración con el fin de contrarrestarlas si se bloquea la ruta de los Balcanes occidentales,» dijo Iohannis.

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EL TRIBUNAL SUPREMO DENUNCIA LA RESTRICCIÓN DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS ESPAÑOLAS POR LA REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha subrayado la “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero provocada por la reforma del principio de justicia universal realizada por la Ley Orgánica 1/2014.

En la resolución, referida a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra varios ex-agentes de las SS por genocidio a víctimas españoles de tres campos de concentración nazi, se destaca que “la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España”.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, califica como “la gran contradicción sustancial de la reforma”, “el hecho de que mientras que los delitos más graves del Derecho penal internacional -lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra- son desplazados fuera de la competencia de la jurisdicción española, excepto para los supuestos de rarísimas excepciones anteriormente expuestas; en cambio, sí cabría encuadrar en el ámbito de nuestra jurisdicción los delitos de segundo grado del Derecho Penal internacional, aunque también con unas restricciones que no se daban en la Ley Orgánica 1/2009, y mucho menos en la 6/1985”.

En ese sentido, resalta que “el criterio de la nacionalidad española de la víctima (principio de personalidad pasiva), que ha quedado excluido para los delitos más graves o de primer grado, sí se admite como vínculo para la aplicación de la jurisdicción española para algunos de los graves delitos del segundo nivel: contra la integridad moral, desaparición forzada, trata de seres humanos, terrorismo, contra la libertad e indemnidad sexual, falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública. Ahora bien, se exige a mayores que el imputado se encuentre en territorio español, requisito que sólo se excluye en los cuatro últimos delitos que se acaban de citar”.

Para el Supremo, no puede extrañar que incluso el propio Ministerio Fiscal, al formular alegaciones sobre la procedencia del sobreseimiento, sugiriese la valoración por la Audiencia Nacional de la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 23.4.a) de la Ley 1/2014, que es el que dispone que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

La petición fiscal reclamaba que se valorase si aquella norma puede vulnerar derechos constitucionales, en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas españolas del genocidio nazi y el artículo 53.1 de la Constitución, así como el principio de igualdad del artículo 14. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad era propugnado por las acusaciones particular y popular en la causa.

Sin embargo, el Supremo no entra en analizar las razones que pudieran concurrir para plantear la cuestión de inconstitucionalidad ya que, en este caso, tanto la propia parte querellante, en nombre de las víctimas, como la Fiscalía, sostienen que los cinco exagentes procesados en su día por la Audiencia han fallecido, por lo que no consta ningún imputado contra quien dirigir la acción penal. Así, añade el auto, “se carecería de base procesal para proseguir ahondando en la presente causa tanto con miras a obtener una interpretación de las nuevas normas acorde con la Constitución, como con el fin de acudir a la vía de plantear una posible cuestión de inconstitucionalidad”.

En cualquier caso, como en las actuaciones no hay certificación de los fallecimientos de dos de los procesados, si bien la propia parte querellante, en nombre de las víctimas, alega que se ha producido, como también aparece como hecho notorio en redes sociales, lo que procede es avalar los claros indicios de esos fallecimientos, y si se confirman, dictar el sobreseimiento libre de la causa. Por ello, el Supremo deja sin efecto el auto de archivo dictado el 15 de diciembre de 2014 por la Audiencia Nacional para que se verifiquen esos fallecimientos, y dictarse en su caso el sobreseimiento libre.

Hands (of a young child) clutching prison bars - Selective focus.

La UE refuerza los derechos del menor en los procesos penales

El 21 de abril de 2016, el Consejo ha adoptado el texto definitivo de una Directiva por la que se refuerzan los derechos del menor en los procesos penales. La Directiva establece una serie de garantías procesales para los menores (es decir, las personas de menos de 18 años) que son sospechosos o están acusados de haber cometido un delito. La Directiva contiene garantías adicionales con respecto a las que ya se aplican a los adultos sospechosos o acusados.

Una disposición esencial de la Directiva se refiere a la asistencia letrada. Los Estados miembros han de garantizar que los menores sospechosos o acusados sean asistidos por un abogado, si es necesario mediante la prestación de asistencia jurídica, salvo si la asistencia de un abogado es desproporcionada habida cuenta de las circunstancias del caso. Otras importantes disposiciones de la Directiva atañen a la información sobre los derechos, al derecho a ser objeto de una evaluación individual, al derecho a un reconocimiento médico y a la grabación audiovisual de los interrogatorios. La Directiva establece asimismo garantías especiales para los menores durante la privación de libertad, en particular durante la detención.

La adopción final de la Directiva es consecuencia de un acuerdo político alcanzado entre los dos legisladores en diciembre de 2015 y de la posterior aprobación otorgada por el Parlamento Europeo el 9 de marzo de 2016. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de tres años para incorporar a su Derecho interno las disposiciones de la Directiva. Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda han decidido no participar en esta Directiva y no estarán vinculados por ella.

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/04/21-eu-strengthens-rights-children-criminal-proceedings/
21.4.2016 13:30-Comunicado de prensa 199/16 Justicia

 

People and a large billboard with a collection of national flags of european countries, conceptual business illustration.

¿QUE DERECHOS TENGO COMO CIUDADANO EUROPEO?

La ciudadanía de la UE se concede automáticamente a los nacionales de los Estados miembros. Otorga a todos los ciudadanos de la Unión una serie de derechos suplementarios que inciden de forma concreta y positiva en su vida cotidiana. La UE supervisa la aplicación de los derechos de ciudadanía en los Estados miembros, con arreglo a lo establecido por el Tratado para garantizar que los ciudadanos de la Unión puedan ejercerlos de forma efectiva

Todo nacional de un Estado miembro es, asimismo, ciudadano de la Unión. La ciudadanía de la Unión no sustituye a la ciudadanía nacional, sino que otorga una serie de derechos suplementarios —garantizados por los Tratados de la UE— con incidencia directa en la vida diaria. Estos derechos son:
-poder viajar y vivir en cualquier lugar de la UE
-no sufrir discriminación por motivos de nacionalidad
-poder participar como elector y candidato en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el lugar de residencia, con independencia de la propia nacionalidad
-recibir fuera de la UE asistencia de una embajada o consulado de otro país miembro, en las mismas condiciones que los ciudadanos de ese país
-presentar peticiones ante el Parlamento Europeo y recurrir al Defensor del Pueblo Europeo
-organizar o firmar, junto con otros ciudadanos de la UE, iniciativas ciudadanas europeas en solicitud de una propuesta legislativa.

La UE ha establecido normas para garantizar estos derechos y vela por que los ciudadanos puedan ejercerlos libremente y sin obstáculos.
El auge de la libre circulación de personas, bienes y servicios provoca un incremento inevitable de los litigios transfronterizos. La UE ha creado diversos procedimientos para prestar ayuda a los particulares que se encuentran en una situación de ese tipo. Por ejemplo, las resoluciones civiles dictadas por los tribunales de un Estado miembro se reconocen y ejecutan en todos los demás países miembros. La UE trata de garantizar que se pueda recurrir a los tribunales y las autoridades de otros Estados miembros con la misma facilidad que en el propio país. En los últimos años, ha adoptado diversos instrumentos para ofrecer garantías jurídicas a los ciudadanos de la Unión en caso de conflicto transfronterizo en el ámbito de la familia. Otras medidas importantes en este campo se encuentran aún en fase de negociación.

Cualquier persona que viaje a otro país puede resultar víctima de un delito o ser acusada o sospechosa de haber violado la ley. La UE pretende establecer una serie de «derechos a un juicio justo» de aplicación en todo su territorio, llamados a constituir las normas mínimas comunes en materia penal. La ley consagra el derecho en toda la Unión a recibir información, traducción e interpretación en los procesos penales, a contactar a un abogado y a poder comunicarse al ser detenido. Todas estas Directivas garantizan el derecho a un juicio justo desde la primera fase del interrogatorio policial y a lo largo de todo el proceso penal. Se está debatiendo un nuevo paquete de propuestas legislativas para reforzar las garantías procesales de los ciudadanos en procesos penales. Contempla el principio de presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio, garantías especiales para los menores sospechosos o acusados y asistencia jurídica gratuita. Además, la UE refuerza los derechos de los ciudadanos y establece normas mínimas para proteger y apoyar a las víctimas de delitos o actos de violencia. Los derechos de las víctimas son de carácter fundamental e incluyen el respeto de la dignidad humana, de la vida privada y familiar y de la propiedad.

La presente publicación forma parte de una serie que explica la actividad de la UE en distintos ámbitos políticos, las razones por las que interviene y los resultados obtenidos.
Para leer y descargar los títulos disponibles:
http://europa.eu/pol/index_es.htm
http://europa.eu/!bY34KD