Hands hug the family (concept)

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL A LOS NACIONALES DE OTROS ESTADOS MIEMBROS EN BUSCA DE EMPLEO

En la sentencia Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597), de 15 de septiembre de 2015, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, estableció que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa de un Estado miembro que excluye de la percepción de determinadas «prestaciones especiales en metálico no contributivas», y que constituyen asimismo una «prestación de asistencia social», a los nacionales de otros Estados miembros en busca de empleo transcurridos seis meses desde que terminó su último empleo, aun cuando dichas prestaciones se garantizan a los nacionales de dicho Estado miembro que se encuentran en la misma situación. En el asunto principal se cuestionaba la negativa de las autoridades alemanas a conceder a los miembros de una familia de nacionales suecos, algunos de los cuales habían trabajado durante unos once meses en Alemania, por un lado, las prestaciones de subsistencia para desempleados de larga duración y, por otro, los subsidios sociales para los beneficiarios no aptos para trabajar.

Previamente, el Tribunal de Justicia señaló que las prestaciones discutidas en el litigio principal son prestaciones especiales en metálico no contributivas, en el sentido del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 883/2004, y prestaciones de asistencia social en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, toda vez que su función preponderante es garantizar los medios de subsistencia mínimos necesarios para llevar una vida acorde con la dignidad humana.

Por lo que respecta a la concesión de dichas prestaciones, el Tribunal de Justicia, haciendo referencia a la sentencia Dano, recordó, en primer lugar, que un ciudadano de la Unión sólo puede reclamar la igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado miembro de acogida si su estancia en el territorio de dicho Estado cumple los requisitos de la Directiva 2004/38. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia precisó que, para determinar si unas prestaciones de asistencia social pueden ser denegadas sobre la base de la excepción del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, es preciso comprobar si es posible aplicar el principio de igualdad de trato enunciado en el artículo 24, apartado 1, entre los ciudadanos de la Unión, que gozan del derecho de residencia en el territorio del Estado miembro de acogida en virtud de dicha Directiva, y los nacionales de ese Estado miembro. Así pues, es necesario comprobar la legalidad de la estancia del ciudadano de la Unión interesado en el territorio del Estado miembro de acogida. En el caso de autos, dos disposiciones de la Directiva 2004/38 podían conferir a los demandantes en el litigio principal el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, a saber, el artículo 7, apartado 3, letra c), que establece la posibilidad de mantener la condición de trabajador durante un período que no podrá ser inferior a seis meses para el ciudadano que se haya quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada y que se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo, y el artículo 14, apartado 4, letra b), que dispone que un ciudadano de la Unión que entre en el territorio del Estado miembro de acogida para buscar trabajo no podrá ser expulsado de dicho Estado miembro mientras pueda demostrar que sigue buscando empleo y que tiene posibilidades reales de ser contratado.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló que dichos demandantes no tenían ya la condición prevista en el artículo 7 de la Directiva 2004/38 cuando se les denegaron las prestaciones discutidas y que, aun cuando pudieran invocar un derecho de residencia basado en dicho artículo 14, apartado 4, letra b), de la citada Directiva, el Estado miembro de acogida podía invocar la excepción del artículo 24, apartado 2, de esa Directiva, según la cual dicho Estado miembro no está obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social durante los primeros tres meses de residencia o, si procede, el período más largo establecido en el artículo 14, apartado 4, letra b).

Por otra parte, el Tribunal de Justicia precisó que, si bien la Directiva 2004/38 exige que el Estado miembro considere la situación particular de la persona interesada cuando se disponga a adoptar una medida de expulsión o a declarar que dicha persona genera una carga excesiva para la asistencia social a lo largo de su residencia, tal examen individual no es exigible, sin embargo, en un supuesto como el del asunto principal, dado que la propia Directiva 2004/38, al establecer un sistema gradual de mantenimiento de la condición de trabajador que pretende asegurar el derecho de residencia y el acceso a las prestaciones sociales, toma en consideración los diferentes factores que caracterizan la situación particular de cada solicitante de una prestación social y, en especial, la duración del ejercicio de una actividad económica.